El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, exigió este miércoles a la Legislatura provincial que acelere el debate y la sanción de las reformas legales impulsadas por el Gobierno para reducir los índices de violencia urbana, optimizar el sistema judicial y dotar al Estado de mayores recursos frente al delito.
Durante su participación en la apertura de ExpoSeguridad Rosario, el funcionario provincial sostuvo que el Ejecutivo reclama todas las herramientas que considera necesarias para devolver la tranquilidad a la ciudadanía y descongestionar el saturado sistema judicial santafesino. Asimismo, aclaró que gran parte de estas iniciativas no buscan ampliar las facultades de la Policía, sino agilizar procesos procesales y reducir la realización de audiencias innecesarias que generan altos costos para los contribuyentes.
Estadísticas de homicidios y el peso del delito predatorio
Al referirse a la evolución de la criminalidad, Cococcioni reconoció una mejora respecto a gestiones anteriores, aunque advirtió que la provincia continúa con registros complejos. El ministro señaló que Santa Fe llegó a duplicar o triplicar la media nacional de homicidios en los períodos más críticos.
En ese sentido, afirmó que actualmente hay menos crímenes que hace tres años, pero admitió que los indicadores siguen por encima del promedio del país, por lo que consideró que los niveles actuales aún no son aceptables. Además, alertó sobre la persistencia del delito predatorio y enfatizó la necesidad de contar con normativas específicas para combatir mercados ilegales, como la compraventa clandestina de teléfonos celulares, que se consolidó como el ilícito más frecuente en Rosario.
Respuesta a las críticas y debate legislativo
Ante los cuestionamientos planteados por sectores opositores hacia las iniciativas oficiales, Cococcioni rechazó las acusaciones de que se trate de medidas autoritarias. Sostuvo que el verdadero estado de sitio es el que imponen los delincuentes a los vecinos en los barrios, quienes a menudo no pueden circular con libertad debido a los tiroteos constantes.
El titular de la cartera de Seguridad remarcó que el Estado debe equiparar su nivel de herramientas operativas y legales con la capacidad de acción de las organizaciones criminales. En la misma línea, defendió la labor del Ejecutivo al elaborar proyectos racionales y con estricto anclaje constitucional, cuyo objetivo central es garantizar el derecho fundamental de la población a vivir en un entorno seguro.
Finalmente, el funcionario instó a los legisladores provinciales a asumir la responsabilidad de respaldar las políticas de seguridad con marcos normativos firmes. Concluyó que, si bien el Gobierno provincial y las fuerzas policiales destinan todos sus recursos al operativo de pacificación, los resultados óptimos y rápidos dependen de las herramientas legales que otorgue el Poder Legislativo.