En una conferencia de prensa brindada en su sede institucional, las autoridades del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe y los referentes del Instituto de Derecho Penal advirtieron sobre los riesgos constitucionales del proyecto de ley de seguridad impulsado por el gobierno provincial. Los especialistas señalaron que la iniciativa promueve restricciones a las libertades individuales, el debilitamiento del control judicial y la afectación del derecho de defensa, por lo que exigieron a los legisladores un análisis profundo antes de su votación.
Cuestionamientos a la división de poderes
La actividad fue encabezada por la presidenta de la entidad, Balbina Cavalieri, junto a los abogados Néstor Oroño, Ignacio Alfonso Garrone, Alejandro Otte y Federico Kiener. Durante sus exposiciones, los referentes coincidieron en que la demanda social de seguridad pública no justifica vulnerar derechos fundamentales ni alterar el equilibrio republicano.
Cavalieri sintetizó la postura institucional al aclarar que no se oponen a las medidas destinadas a combatir el delito, sino a aquellas que se instrumentan a costa de las garantías constitucionales. En la misma línea, recordó que el Colegio ya había presentado sus objeciones ante la comisión específica de la Cámara de Diputados de la provincia, insistiendo en la necesidad de abrir un debate responsable sin desconocer la complejidad del escenario actual.
Traslado de atribuciones jurisdiccionales
Uno de los puntos más debatidos estuvo centrado en las facultades que el paquete legislativo otorgaría a organismos administrativos, policiales y fiscales. Néstor Oroño advirtió sobre una transferencia de atribuciones jurisdiccionales que, según la Constitución, son exclusivas de los jueces.
El reconocido penalista cuestionó especialmente las llamadas zonas de intervención policial exclusiva, al señalar que podrían criminalizar a sectores barriales enteros por el solo hecho de habitar determinados lugares. Asimismo, criticó la habilitación de traslados y demoras policiales de hasta 48 horas y la posibilidad de «administrativizar» decisiones trascendentales sobre la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones.
Objeciones al decreto fiscal y al rol judicial
Por su parte, Ignacio Alfonso Garrone abordó el procedimiento por decreto fiscal y las condenas sumarias previstas en el proyecto. El presidente del Instituto de Derecho Penal argumentó que estas herramientas no aportan soluciones reales contra el delito complejo y perjudican tanto a las víctimas como a la ciudadanía en general al prescindir de un proceso judicial pleno.
En sintonía, Alejandro Otte enfatizó que el alcance de estas medidas excede la persecución de delincuentes y puede afectar a cualquier ciudadano, especialmente a aquellos que cumplan con determinados estereotipos. Otte criticó la pérdida de instancias de control judicial y advirtió que la iniciativa podría habilitar al Ministerio Público de la Acusación a imponer restricciones incluso frente al rechazo de un juez.
Un llamado al debate legislativo
Hacia el final del encuentro, Federico Kiener remarcó que las objeciones del Colegio responden a la defensa del orden constitucional y no a intereses sectoriales o partidarios. El pronunciamiento institucional recopila diversas preocupaciones, entre ellas la posibilidad de interrogatorios policiales sin presencia de letrado, allanamientos sin control judicial previo y condenas sin juicio pleno.
Frente a la defensa del paquete legislativo realizada este miércoles por el gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de ExpoSeguridad Rosario, los profesionales de la abogacía ratificaron su disposición a colaborar técnicamente con los poderes públicos. El mensaje final estuvo dirigido a los legisladores provinciales, reiterando que la seguridad ciudadana debe garantizarse en el marco estricto del Estado de derecho y sin menoscabar las libertades individuales.