El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, salió a respaldar con firmeza el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial, al advertir que los vecinos «no quieren volver atrás», en medio de las negociaciones y diferencias internas en el oficialismo de Unidos para lograr la sanción del proyecto este próximo jueves.
Las tensiones en la Legislatura y el respaldo municipal
En la Cámara de Diputados de Santa Fe, el foco principal de la agenda política continúa puesto en el mensaje del Ejecutivo que propone la reforma a seis leyes vigentes bajo el paraguas de las «Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública». Esta iniciativa legislativa generó rispideces y diferencias en el seno del frente Unidos, especialmente entre el socialismo y el resto de los espacios políticos que integran la coalición gobernante.
Tras una serie de intercambios de borradores y negociaciones mantenidas entre lunes y martes, los legisladores oficialistas prevén un nuevo encuentro este miércoles. El objetivo es pulir el texto definitivo de cara al plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para este jueves con la misión de emitir dictamen y habilitar su tratamiento sobre tablas en la sesión vespertina.
En este escenario de debate, el intendente capitalino Juan Pablo Poletti intervino públicamente para reclamar el acompañamiento de los legisladores de Unidos. A través de sus redes sociales, el mandatario municipal sostuvo que los ciudadanos valoran los esfuerzos en la reducción del delito y la convivencia pacífica impulsados por la gestión provincial, por lo que instó a consolidar dicho modelo con nuevas herramientas legales que agilicen los procedimientos y otorguen un rol más proactivo a la justicia y a la fiscalía en el territorio.
Cuestionamientos de los abogados y negociaciones abiertas
Paralelamente, el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe reiteró su profunda preocupación frente a diversos artículos del proyecto oficialista. La entidad advirtió sobre la incompatibilidad de varias disposiciones con principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. En particular, los letrados locales criticaron con suma gravedad la pretensión de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar a personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor, al considerar que esto vulnera el derecho de defensa y abre la puerta a posibles arbitrariedades.
Mientras tanto, en la Casa Gris no se descarta avanzar en la votación del proyecto aun sin el aval absoluto del sector socialista, lo que marcaría una escisión inédita dentro del bloque oficialista en la actual etapa institucional, mientras continúan las tratativas con otros espacios legislativos para sumar apoyos.
Seguridad eléctrica en debate
En paralelo a la discusión por la seguridad pública, la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara baja, encabezada por el diputado Dionisio Scarpín, puso en agenda dos proyectos destinados a crear un régimen de seguridad eléctrica. Las iniciativas fueron impulsadas por la legisladora socialista Lionella Cattalini y por el diputado justicialista Marcos Corach.
Para enriquecer el debate sobre la normativa, que busca preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en la manipulación del servicio eléctrico, fueron citados representantes de la Red de Seguridad Eléctrica de la Provincia de Santa Fe y gerentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).