El diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías, encabeza la comisión legislativa que debate la crítica situación de las pequeñas y medianas empresas, un espacio por el que ya desfilaron numerosos sectores económicos que coinciden en advertir sobre una crisis generalizada. Con un posible dictamen previsto para el 17 de noviembre, el legislador socialista impulsa medidas urgentes de alivio fiscal y advierte sobre el impacto negativo de las políticas del gobierno nacional en la microeconomía.
Una agenda legislativa bajo presión
Desde que asumió la presidencia de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas en marzo de este año, Farías lideró un espacio de articulación que debió trabajar con una agenda intensa y regular. El grupo de trabajo, que en ocasiones sesionó de forma conjunta con la comisión de Comercio —presidida por el cordobés Juan Brügge—, recibió a referentes de cámaras nacionales, federaciones provinciales, sectores textil, autopartista, energético, producción láctea, remises y comercio exterior.
A pesar de la amplitud de las audiencias y el reconocimiento a la labor de escucha, el panorama es complejo. Según el diputado santafesino, la mayoría de los planteos chocan contra una falta de respuestas por parte del Ejecutivo. Con el final del período ordinario de sesiones fijado para el 30 de noviembre, la comisión se impuso como fecha límite el próximo 17 de noviembre para avanzar en un dictamen unificado que pueda ser debatido en el recinto.
Las cinco propuestas de alivio para el sector
Las iniciativas impulsadas por el legislador socialista se condensan en cinco puntos centrales orientados a mitigar la coyuntura más compleja de las pymes. Entre las demandas prioritarias se destaca un año sin embargos ni juicios por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para aquellas empresas que logren mantener al menos el 90 % de su planta de personal.
El paquete también contempla la implementación de planes de pago accesibles, estabilidad fiscal por un período de 24 meses sin la creación de nuevos impuestos nacionales ni aumentos de alícuotas, una reducción en los anticipos del impuesto a las Ganancias y la exigencia de pagos en término por parte del Estado nacional a las pymes proveedoras. Asimismo, Farías señaló que la presión fiscal y la asfixia del organismo recaudador representan un obstáculo insostenible frente a la escasez y el alto costo del financiamiento actual.
Caída de la actividad y cierre de empresas
El diagnóstico sobre la economía real es contundente. Para Farías, la contracción de la actividad económica durante dos trimestres consecutivos confirma que el país ingresó técnicamente en una recesión. A la caída pronunciada del consumo se le suma el peso de los gastos fijos, que aumentaron por encima de la inflación, y un nivel de endeudamiento que golpea con fuerza a los hogares y a las microempresas.
Los datos respaldan la gravedad del escenario. Las cifras que maneja el sector indican que cada 24 horas se cierran 30 empresas en la Argentina, y que desde finales de 2023 el 98 % de las compañías que prescindieron de empleados eran pymes. En la provincia de Santa Fe, el impacto se traduce en la pérdida de 15.930 puestos de trabajo, de los cuales el 89 % correspondieron a pequeñas y medianas empresas. Para visibilizar esta problemática con mayor precisión, la comisión prevé presentar a mediados de noviembre un monitor pyme propio.
El rol del Estado y las limitaciones del modelo
Durante el análisis de la coyuntura, Farías cuestionó la postura del gobierno nacional y su negativa a declarar la emergencia pyme por vía legislativa. A su entender, más allá de las diferencias políticas, el Estado no puede prescindir de un rol activo en la articulación económica. Como ejemplo, mencionó las recientes rondas de negocios organizadas en conjunto entre la provincia y la Nación para vincular a las pymes con empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para el diputado, este tipo de eventos demuestra que las inversiones y los eslabonamientos productivos no se generan de manera espontánea por el mero funcionamiento del mercado, refutando la idea de que los grandes proyectos provinciales generarán un derrame automático sobre las microempresas. En paralelo, la comisión mantiene expectativas moderadas respecto al trabajo en espejo que realiza el Senado, aunque advierte que los tiempos parlamentarios son escasos y que cualquier demora postergaría una solución concreta para el sector hasta el próximo período legislativo.