La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó por una semana el debate sobre el paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el Poder Ejecutivo, debido a la falta de consensos internos en el bloque oficialista de Unidos. Durante la sesión de este jueves, la coalición gobernante logró aprobar las modificaciones a la ley orgánica del servicio público de la Defensa y dio media sanción con cambios a la iniciativa orientada a combatir el comercio ilegal de telefonía celular.
Diferencias en el oficialismo frenan el paquete de seguridad
El tratamiento de la reforma a seis leyes agrupadas bajo el proyecto de Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública fue diferido ante la imposibilidad de la coalición gobernante de emitir un dictamen de comisión unificado. La iniciativa del Ejecutivo, enviada el pasado 14 de mayo, propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, además de ampliar las facultades policiales en casos especiales.
Las diferencias se profundizaron entre los sectores radicales, que respaldan firmemente el texto, y los legisladores socialistas, quienes manifestaron reparos en torno a la cesión de mayores atribuciones a la fuerza policial y la creación de zonas especiales de actuación. Tras una serie de reuniones con los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el oficialismo resolvió solicitar la renovación del tratamiento preferencial para la próxima semana, mientras la oposición anticipó su rechazo a la normativa.
Regulación de dispositivos tecnológicos y mercado ilegal
En votación dividida, la Cámara baja aprobó con 35 votos a favor y 11 en rechazo el mensaje destinado a conformar un sistema provincial de intervención de mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos. La normativa, que ahora regresa en revisión al Senado, apunta a desactivar el negocio irregular derivado del robo de teléfonos celulares mediante instrumentos jurídicos, tecnológicos y operativos de trazabilidad y recuperación de bienes.
La herramienta central de la ley radica en la facultad otorgada a la policía para solicitar el IMEI o identificador único del dispositivo y constatar su legalidad. Diversos sectores opositores y bloques que acompañaron con reservas cuestionaron que esta disposición pueda vulnerar la privacidad de los usuarios al permitir el acceso a datos particulares de las líneas telefónicas.
Modificaciones en la Defensa Pública Penal
Por otra parte, la Cámara sancionó la ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal, una medida que obtuvo 34 votos positivos y 13 abstenciones por parte del justicialismo, la izquierda y el sector de Inspirar.
El texto aprobado faculta a la Defensa a conformar unidades especiales, entre las cuales se incluye la asistencia legal a efectivos policiales que hayan incurrido en presuntos incumplimientos del deber, generando debate en el recinto respecto a la convivencia de la representación a víctimas y agentes de seguridad en un mismo organismo.