
El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, así como carabinas y subametralladoras de asalto de mayor calibre, que hasta ahora estaban prohibidos en Argentina. La medida, oficializada mediante una nueva resolución, establece requisitos estrictos para los usuarios, quienes deberán acreditar cinco años de antigüedad como legítimos usuarios, justificar usos deportivos específicos y consignar datos precisos de identificación de las armas.
La nueva normativa y su alcance
La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializa la habilitación para adquirir y poseer fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares, con calibre superior al .22 LR y alimentadas con cargadores de quita y pon. Esta disposición del gobierno de Javier Milei implica un cambio radical en el régimen de autorización y control de este tipo de armamento en Argentina, que ahora recaerá exclusivamente en la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. La reforma busca reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso, enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad de las armas.
Requisitos para acceder al permiso especial
Para que legítimos usuarios y entidades de tiro puedan adquirir y poseer estos fusiles semiautomáticos, se deben cumplir una serie de requisitos estrictos, fiscalizados por el RENAR. Entre ellos, se exige acreditar la identificación precisa del arma mediante su tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie. Además, los solicitantes deben contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, que garantice un almacenamiento seguro y aprobado. Es indispensable presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma, abonando la tasa correspondiente al trámite, equiparable a la «Tenencia Exprés» y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigentes.
Otro punto central es la demostración de usos deportivos probados. Esto se puede lograr mediante la certificación de una entidad de tiro con instalaciones propias, que avale la condición de tirador asiduo; la representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con dicho material; o la solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados. Finalmente, los aspirantes no deben poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR y deben contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional, además de proveer elementos probatorios adicionales que el RENAR considere pertinentes.
Antecedentes de la habilitación
Esta medida representa la concreción de un proceso que el gobierno de Javier Milei inició en junio pasado, con la derogación del decreto presidencial de la época de Carlos Menem que había prohibido la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego a usuarios civiles, salvo excepciones ministeriales que rara vez se otorgaban. En aquel entonces, se eliminó la prohibición, pero no se había establecido el mecanismo para la adquisición; la resolución actual sienta las bases de dicho procedimiento.
Marco legal y el nuevo RENAR
La Resolución 37/2025 no solo habilita la tenencia de fusiles semiautomáticos, sino que también establece una transformación en la estructura administrativa de control de armamento en el país. La antigua Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR) y queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Con este cambio, el RENAR asume la plena responsabilidad de la aplicación, el control y la fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias. Asimismo, se dejan sin efecto diversas disposiciones previas (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09) dictadas por el antiguo régimen, consolidando toda la regulación legal de armas y explosivos bajo la nueva autoridad central.
