Unos 500 mil santafesinos del sur provincial perdieron el beneficio del régimen de Zona Fría tras una reciente reforma impulsada por el Congreso de la Nación, una medida que recortó la ayuda estatal nacional en gran parte del país pero mantuvo vigente un recargo de hasta el 7,5% en las boletas de gas para sostener el subsidio únicamente en la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe.
El impacto de la ley en la provincia de Santa Fe
La modificación estructural aprobada a nivel nacional implicó la eliminación de dos tercios de las áreas y de la población que hasta ahora accedían a las bonificaciones en la tarifa del servicio de distribución de gas natural. Este cambio afectó de manera directa a la región sur del territorio santafesino, donde medio millón de personas quedaron excluidas de la asistencia estatal, sumando un total de cuatro millones de usuarios perjudicados en todo el país.
Con esta reconfiguración legislativa, que contó con el rechazo de los tres senadores nacionales por Santa Fe, el esquema de subsidios por bajas temperaturas retrocedió a los parámetros vigentes hasta 2021. De este modo, la ayuda quedó acotada exclusivamente a las regiones con climas más extremos, abarcando a toda la Patagonia, puntos específicos del Noroeste argentino en la Puna y a Malargüe en Mendoza.
Contexto tarifario y cambio de paradigma en los subsidios
A diferencia del escenario de 2002, cuando se implementó este régimen en un contexto de salida de la convertibilidad y tarifas seriamente atrasadas, el mercado energético actual opera bajo otras premisas. Tras décadas de fuertes subsidios estatales y tarifas congeladas, la política energética implementada desde diciembre de 2023 apunta a que los usuarios residenciales, comerciales e industriales afronten el costo real de los servicios sin asistencia generalizada, limitando los aportes a hogares vulnerables cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas.
El mantenimiento del impuesto y el desequilibrio fiscal
Pese a la drástica reducción en la cantidad de beneficiarios y de metros cúbicos a subsidiar, la normativa aprobada mantuvo inalterada la alícuota de hasta el 7,5% sobre el precio del fluido en el punto de ingreso al sistema de transporte, un recargo que se aplica en las facturas de todos los usuarios del país para financiar a un grupo muy reducido de regiones. Este desequilibrio entre una menor asignación de recursos y la persistencia de la carga tributaria genera interrogantes sobre su corrección futura.
Ante este escenario, las alternativas regulatorias se reducen a una eventual baja en la alícuota o a la profundización del retiro del Estado nacional en su rol de asistencia y regulación tarifaria. La actual administración federal opta por este último camino, promoviendo la dolarización de las tarifas y un traspaso directo del costo real de la energía a las facturas finales de los consumidores, consolidando uno de los puntos más debatidos de la nueva política energética.