Desde las 12, el Senado de la Nación debate este jueves una agenda legislativa reducida pero de alto voltaje político, centrada en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la polémica revisión del régimen de subsidios por Zona Fría. Mientras el primer proyecto sufrirá cambios y deberá regresar a la Cámara de Diputados, el segundo está en condiciones de convertirse en ley y amenaza con un impacto directo sobre unos 550.000 hogares del sur santafesino, en medio de una dura negociación que pone a prueba los acuerdos del oficialismo con los bloques aliados.
Una agenda corta y negociaciones al límite
La reunión de Labor Parlamentaria dejó formalmente convocada la sesión ordinaria y pública para el mediodía, reduciendo el temario a dos asuntos clave que exponen las tensiones entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. En plena interna oficialista por el Presupuesto 2027, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió administrar negociaciones en paralelo. Con solo 21 senadores propios, el oficialismo se vio obligado a flexibilizar posturas y conseguir el respaldo de radicales, miembros del PRO y legisladores provinciales para alcanzar el número necesario en el recinto.
Cambios en el Banco Central y regreso a Diputados
El proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) llegó al Senado con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa establece como misión primaria la preservación del valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas de distribución de utilidades y habilita el uso de ciertos activos de las reservas —como el oro, según confirmó Santiago Bausili— como garantía en operaciones propias, descartando depósitos de ahorristas y encajes.
El principal punto de fricción se centró en la remoción de las autoridades del directorio. Mientras Diputados exigía una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras, el acuerdo alcanzado en el Senado fijó una mayoría absoluta de 37 senadores tanto para la designación como para la remoción, excluyendo a la Cámara baja y preservando la intervención exclusiva que la Constitución asigna al Senado. Al introducir estas modificaciones, el proyecto no quedará sancionado este jueves y deberá retornar a Diputados para su revisión final.
El impacto de la reforma de Zona Fría en Santa Fe
La segunda votación de la jornada genera máxima expectativa en las provincias por su impacto económico directo. El proyecto de Zona Fría modifica el régimen de subsidios al gas, incluye un esquema de regularización de deudas del mercado eléctrico y deroga los decretos 277/2022 y 929/2013. La iniciativa retrae el alcance territorial automático de 2021 —manteniéndolo solo para Patagonia, Malargüe y la Puna— y lo reemplaza por una bonificación focalizada según ingresos y vulnerabilidad.
Esta retracción geográfica dejará fuera del beneficio general al sur de Santa Fe, Córdoba, casi todo Buenos Aires y San Luis, además de gran parte de Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió el cambio al señalar que los subsidios deben concentrarse en las familias de menores ingresos. Sin embargo, en territorio santafesino, la medida dejará sin la cobertura climática general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, lo que podría elevar entre un 30% y un 40% el valor de las facturas de gas, según estimaciones de El Litoral.
Objeciones provinciales y reclamos del norte
Desde la Casa Gris, las críticas no tardaron en llegar. El ministro Gustavo Puccini advirtió que la quita trasladará mayores costos operativos al sur santafesino, un reclamo que el gobernador Maximiliano Pullaro le planteó directamente al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, exigiendo que la política energética contemple las particularidades productivas del interior. A esto se suma el rechazo a un capítulo secundario del proyecto que compensa deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa, un mecanismo que beneficia a empresas como Edenor y Edesur, mientras la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no registra pasivos con la administradora.
El panorama se completa con la presión de los mandatarios del norte argentino, quienes exigen la creación de un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar el alto consumo eléctrico durante los meses de verano. Aunque el Ejecutivo ofreció resolver este punto mediante resoluciones administrativas, los gobernadores reclaman mayores garantías legales, lo que añade incertidumbre al conteo de votos en la Cámara alta.