El gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley para desarticular el mercado negro de telefonía celular mediante un endurecimiento de los controles de trazabilidad comercial, mayores exigencias para los comercios y nuevas facultades de requisa para la fuerza policial que alcanzan incluso a los compradores finales. La iniciativa, impulsada por la administración de Maximiliano Pullaro, ingresó formalmente al Senado provincial con pedido de preferencia para su tratamiento y busca cortar de raíz una de las principales fuentes de financiamiento de la criminalidad urbana.
Un mercado criminal organizado
La propuesta normativa parte de la premisa de que el robo de teléfonos móviles dejó de constituir un delito aislado para convertirse en la manifestación visible de una economía delictiva estructurada. El texto advierte que este circuito ilegal se sustenta en la existencia de un mercado paralelo de comercialización, reparación, desguace y reutilización de dispositivos que no solo genera perjuicios económicos a las víctimas, sino que alimenta situaciones de violencia extrema que afectan la seguridad pública.
Para combatir esta problemática, el mensaje elevado por la Casa Gris propone la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos. Este marco normativo integral pretende prevenir, detectar, investigar y desarticular las redes de reducción de aparatos sustraídos, cerrando las «zonas grises» normativas que hasta el momento facilitaban el comercio clandestino de placas, módulos y pantallas.
Facultades policiales y control de IMEI
Uno de los puntos más salientes de la iniciativa de 24 artículos radica en las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal de Santa Fe. Si la norma es aprobada por los legisladores, la autoridad policial tendrá la potestad legal de requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico único —número IMEI— de su teléfono celular para verificar su situación registral en la base de datos oficial del Enacom.
Esta medida preventiva no contempla la apertura de contenidos de carácter privado, pero habilita al personal de seguridad a efectuar una requisa personal y el secuestro preventivo del dispositivo ante cualquier irregularidad, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusación. No obstante, el proyecto prevé un criterio de oportunidad para que el MPA pueda prescindir de la acción penal contra aquellas personas que entreguen voluntariamente un aparato de origen ilícito ante el primer requerimiento policial, siempre que no medie otro delito más grave.
Sanciones económicas y reformas al Código de Faltas
El andamiaje legal diseñado por el Ejecutivo santafesino contempla un régimen punitivo severo para los comercios infractores. El artículo 19 del proyecto estipula multas de hasta mil unidades Jus —lo que equivale a más de 144 millones de pesos—, además del decomiso de la mercadería ilegal y la clausura temporal del establecimiento comercial o la suspensión de su autorización para funcionar por un plazo de hasta treinta días.
Asimismo, se introducen modificaciones en el Código de Faltas provincial para sancionar la negativa injustificada de colaboración ciudadana. El articulado castiga con arresto de hasta veinte días o multas a quienes se nieguen a facilitar datos relativos a su identidad o a colaborar en la autenticación y verificación de dispositivos tecnológicos mediante claves, patrones de desbloqueo o datos biométricos, cuando exista un deber legal de hacerlo y el hecho no configure un delito penal.