A un año de la puesta en marcha del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), la provincia de Santa Fe registró un incremento del 16,7 % en la creación de nuevas sociedades en comparación con el período previo a la unificación de los organismos, destacándose una fuerte descentralización que llevó casi la mitad de las nuevas firmas al interior santafesino y consolidó a los emprendedores como los principales usuarios del sistema digital.
Un año de gestión digital y unificación de trámites
El Rpjec fue creado mediante el decreto 1021/25, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y se convirtió en el primer organismo de la administración pública provincial en operar de manera 100 % digital. En sus primeros doce meses, el ente procesó 32.299 trámites, lo que representa un incremento del 110 % respecto al sistema anterior. De ese total, cerca de 19.000 correspondieron a expedientes formales, duplicando el volumen que gestionaba la administración previa.
La reforma consistió en unificar el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Justicia, eliminando la duplicación de pasos y documentación. Si bien las cifras reflejan la formalización, desde el organismo advierten que no implican necesariamente una expansión neta del parque empresario, ya que muchas firmas dan baja fiscal pero no completan la disolución y liquidación. No obstante, las autoridades evalúan que el proceso servirá para democratizar el acceso y homogeneizar el desarrollo empresario en el territorio provincial.
Descentralización y fuerte impacto en el interior
La digitalización demostró un marcado impacto federal dentro de la provincia. En 2024, antes de la creación del organismo, se habían constituido 1.698 sociedades, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 1.982 nuevas empresas. La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de las dos principales ciudades: el 40 % se radicó en Rosario, el 12 % en la ciudad de Santa Fe, y el 48 % restante se distribuyó de manera equilibrada en otras 161 localidades del interior.
Esta distribución permitió que los ciudadanos ya no necesiten trasladarse a los grandes centros urbanos para realizar sus gestiones. La posibilidad de operar de manera remota favoreció el desarrollo y la formalización empresaria en todo el territorio, optimizando los tiempos y reduciendo los costos logísticos para los inversores locales.
El boom de las Sociedades de Acciones Simplificadas
La simplificación administrativa impulsó un alza del 121 % en la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en contraste con una baja del 24 % en las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Las SAS están orientadas a emprendedores, startups y pymes que buscan formalizar sus negocios, emitir facturas legales y proteger su patrimonio personal sin la complejidad ni los altos costos de una Sociedad Anónima tradicional, permitiendo incluso la unipersonalidad.
El tiempo de constitución de una SAS en Santa Fe se redujo drásticamente, pasando de 90 días a solo 72 horas mediante el nuevo sistema. Además, el trámite integró la rúbrica de libros comerciales dentro del mismo acto constitutivo, eliminando un paso burocrático frecuente y facilitando la operatoria diaria para los nuevos empresarios.
Innovación tecnológica, seguridad y control
El organismo continúa optimizando sus herramientas digitales. Actualmente se opera a través del portal de Gestiones Ciudadanas y en los próximos meses se lanzará un micrositio específico que ordenará los trámites por tipo de sociedad. Asimismo, se incorporó un chatbot de inteligencia artificial entrenado con las consultas más frecuentes del primer año para brindar respuestas inmediatas sobre plazos y requisitos.
Más allá de la agilidad para los contribuyentes, la digitalización centraliza información clave y mejora la trazabilidad sobre el origen y recorrido de los fondos de empresas y asociaciones civiles. Esta base de datos interoperable se convirtió en una herramienta fundamental para responder de manera inmediata a oficios y requerimientos de organismos de control de todo el país en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos económicos.