La detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en Venado Tuerto se concretó este martes tras una serie de seis allanamientos coordinados entre la Justicia provincial y federal. Los funcionarios policiales están bajo investigación por presunta protección a un traficante de estupefacientes que operaba en el sur de Santa Fe, quien también fue capturado en un operativo paralelo. En el marco del procedimiento, se secuestraron los teléfonos móviles de todo el personal de la división y las autoridades judiciales no descartan nuevas aprehensiones en los próximos días.
La investigación y el Equipo Conjunto de Investigación
El procedimiento es el resultado de un trabajo articulado bajo la modalidad de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), una herramienta contemplada en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal. Esta estructura permitió el intercambio de información sensible entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. El fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero, precisó que la gravedad de los indicios hizo necesaria la conformación de este bloque de trabajo para abordar las conexiones entre las jurisdicciones.
En el despliegue realizado durante la mañana del martes, se ejecutaron cuatro allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. El resultado principal fue la aprehensión de los dos máximos responsables de la lucha contra el microtráfico en la región. En simultáneo, la Justicia Federal llevó adelante procedimientos que culminaron con la detención de un civil con antecedentes, señalado como el presunto traficante beneficiario de la cobertura policial, a quien se le incautaron estupefacientes, armas de fuego y dispositivos electrónicos.
Hipótesis de protección y connivencia policial
La teoría del caso que maneja el fiscal Clavero sostiene que el jefe y el subjefe de la PDI local facilitaban las actividades ilícitas del sospechoso detenido por las fuerzas federales. Según las pruebas recolectadas, los uniformados habrían brindado protección para que el investigado pudiera no solo traficar, sino también distribuir sustancias prohibidas en distintas localidades del sur santafesino. Aunque el fiscal utilizó términos cautelosos al referirse a la responsabilidad penal, confirmó que la evidencia reunida fue suficiente para privar de la libertad a los efectivos.
Desde la Fiscalía Regional se enfatizó que el objetivo de esta gestión es avanzar contra las estructuras narcocriminales en su totalidad, sin limitar la persecución al último eslabón de la comercialización minorista. Clavero señaló que la investigación busca individualizar a aquellos funcionarios que, teniendo el deber legal de perseguir el delito, habrían pasado a formar parte del esquema delictivo. En la causa intervienen los fiscales provinciales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, junto a los fiscales federales Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.
Calificaciones legales y audiencia imputativa
Si bien la calificación jurídica definitiva se conocerá en la audiencia imputativa —prevista inicialmente para el miércoles 2 de septiembre—, la Fiscalía adelantó que los delitos atribuidos serán de alta complejidad. Se analizan figuras penales vinculadas a la comercialización de estupefacientes, tales como la participación necesaria, confabulación o encubrimiento agravado. La determinación de los cargos dependerá, en gran medida, del peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, tanto de los jefes como del resto de los integrantes de la división.
Respecto a la situación procesal de los detenidos, las autoridades confirmaron que «todos están bajo sospecha» y que existe la posibilidad de revisar actuaciones pasadas de la unidad de Microtráfico para detectar otras irregularidades. La información recibida tras los operativos de este martes ya habría aportado nuevos elementos sobre el accionar previo de los implicados.
Reorganización institucional de la PDI
Tras el impacto institucional que generó la noticia, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, confirmó que la División Microtráfico de Venado Tuerto será sometida a una reorganización inmediata. El funcionario aclaró que no se realizaron cambios previos para evitar que se filtrara información que pudiera comprometer los allanamientos. Angelini respaldó la decisión política de la administración provincial de remover a los agentes vinculados con el delito para preservar el prestigio de la Policía de Investigaciones.
Los próximos pasos procesales se centrarán en la apertura de los dispositivos electrónicos y el análisis de la conexión entre el material probatorio de origen provincial y federal. El avance de la causa determinará el alcance de la red de protección y si la misma se extendía a otros estamentos de la fuerza de seguridad en el sur de la provincia.