Una investigación iniciada a raíz de una denuncia por violencia doméstica derivó en el hallazgo de un arsenal en una vivienda del barrio Barranquitas, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron 12 armas de fuego de diversos calibres que se encontraban registradas formalmente a nombre de un mismo titular, lo que motivó un pedido oficial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia para profundizar los controles nacionales sobre las licencias de tenencia y adquisición de armamento.
El procedimiento en Barranquitas
La intervención policial tuvo su origen en una causa por amenazas calificadas y abuso de arma en un entorno familiar. Al dar cumplimiento a la orden judicial en un domicilio del sector oeste, los pesquisas de la PDI vincularon el episodio denunciado con información previa de inteligencia criminal sobre la circulación de armamento en la zona. Según informó Rolando Galfrascoli, director de Investigación Criminal de Santa Fe, el operativo confirmó la presencia de un arsenal dispuesto para la presunta comisión de delitos en la vivienda de una persona vinculada a un grupo familiar con antecedentes penales.
El secuestro consistió en un total de 12 armas de fuego, entre las que se contabilizaron pistolas calibre 9 milímetros, revólveres y escopetas, además de una cantidad considerable de municiones. Para las autoridades, la magnitud y variedad del material incautado excede los parámetros de una tenencia doméstica convencional y orienta la investigación hacia una organización criminal de carácter barrial.
Líneas investigativas y control de licencias
La Justicia santafesina deberá determinar ahora el destino final de las armas y si las mismas fueron utilizadas por terceros para la ejecución de hechos delictivos. Una de las hipótesis centrales que manejan los investigadores es el posible alquiler de armamento a otras estructuras criminales. Galfrascoli señaló que, si bien las unidades contaban con registro formal y no presentaban pedidos de secuestro por robo ni pertenecían a fuerzas de seguridad, la capacidad económica del titular no se correspondía con la inversión necesaria para adquirir semejante cantidad de piezas.
Ante esta situación, el funcionario provincial instó a las autoridades nacionales a fortalecer y fiscalizar con mayor rigurosidad los planes de control sobre las licencias otorgadas para la compra de armas. El objetivo es identificar maniobras donde personas sin antecedentes penales aparentes actúan como compradores legales para luego desviar el armamento hacia circuitos ilegales.
Balance de operativos provinciales
El procedimiento realizado en barrio Barranquitas se inscribe en un despliegue operativo de la Policía de Investigaciones que, durante la última semana, incluyó casi 40 allanamientos en distintos puntos de la provincia. Como resultado de estas acciones coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se logró la detención de más de 25 personas y el secuestro de 15 armas de fuego en total.
Además de las armas, las fuerzas de seguridad incautaron material estupefaciente procesado para su comercialización, con un pesaje que permitiría obtener más de 2.000 dosis de cocaína. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que la estrategia de persecución penal actual se enfoca en dos ejes críticos para reducir la violencia altamente lesiva: el combate al microtráfico como economía delictiva y el retiro de armas de fuego de la vía pública.