El radicalismo nacional expresó su más enérgico rechazo a un dictamen del Senado que busca modificar el Código Penal para agravar las penas por falsas denuncias y falso testimonio, así como a posibles nuevas reformas extraoficiales. A través de un documento, la Unión Cívica Radical (UCR) advierte que la propuesta «debilita el acceso a la justicia» y retrocede «en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país», al tiempo que alerta: «El verdadero problema son las denuncias que siguen silenciadas».
El Fuerte Rechazo de la UCR
El martes 4 de agosto, militantes y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de todo el país se congregaron para manifestar su «más enérgico rechazo» al dictamen del Senado de la Nación. Este proyecto busca modificar el Código Penal para incrementar «injustificadamente» las penas de los delitos de falsas denuncias y falso testimonio, incluyendo además «nuevas modificaciones que circulan extraoficialmente» en la misma línea. El documento fue dado a conocer el mismo día en que la comisión Banca de la Mujer de la Cámara alta, presidida por la senadora Ana Marks, se reunió para analizar la iniciativa de la legisladora Carolina Losada junto a diversos especialistas.
Un panel celebrado en el Comité Nacional de la UCR contó con la participación de destacadas figuras como el abogado Ricardo Gil Lavedra, la vicepresidenta del comité nacional Inés Brizuela y Doria, los presidentes de Franja Morada y Juventud Radical, y los diputados nacionales Inés Zigaran y Pablo Juliano, quienes consolidaron la postura del partido.
Advertencias sobre el Acceso a la Justicia
Para los «radicales en defensa del acceso a la Justicia», esta iniciativa, lejos de fortalecer el sistema judicial, «constituye un nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país». El documento subraya el rol histórico de la UCR en la construcción del sistema argentino de derechos humanos, siendo decisiva su contribución para la jerarquía constitucional de tratados y convenciones internacionales en la reforma de 1994.
En coherencia con este compromiso, el partido ha impulsado leyes y políticas públicas fundamentales para la protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como para la prevención, sanción y erradicación de las violencias. En ese sentido, la UCR recordó que ya en el marco del #3J – Ni Una Menos, advirtió sobre los riesgos de propuestas que desalientan las denuncias, en línea con las alertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). «Lamentablemente, esas advertencias no fueron escuchadas», lamenta el texto.
«Fenómeno Marginal» vs. Realidad Alarmante
Las nuevas modificaciones que se pretenden introducir al dictamen no solo insisten en esta orientación «errónea», sino que «profundizan sus consecuencias». Aunque el texto ya no menciona expresamente las denuncias por violencia de género, el partido argumenta que mantiene el mismo «efecto intimidatorio sobre quienes recurren al sistema de justicia para denunciar hechos de violencia, especialmente mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes, y profesionales y peritos que buscan proteger sus derechos».
El centenario partido sostiene que las «falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal dentro del sistema penal argentino», tal como se desprende de los relevamientos del Observatorio de Violencia de Género de Ministerios Públicos. En contraste, advierte que los femicidios, las violencias por motivos de género, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes continúan representando una realidad alarmante, «agravada por el enorme subregistro de hechos que nunca llegan a la justicia». El documento, que lleva numerosas firmas, incluida la de la santafesina Alicia Tate, concluye que «el verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas».
El Debate en el Senado
En paralelo a la postura radical, la comisión Banca de la Mujer del Senado se reunió para analizar el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal. El encuentro contó con la participación de especialistas en Derecho de Familia, investigadoras, ex magistrados y víctimas de violencia de género. Entre ellas, la jugadora de fútbol profesional Luana Muñoz, quien junto a varias colegas denunció a su entrenador ante la FIFA por presunto acoso sexual, acompañada por la periodista Agustina Vidal y la abogada que las representa.
A pesar de la ausencia de representantes del oficialismo que integra la comisión, hubo una clara coincidencia entre los presentes respecto al carácter «inconstitucional y anticonvencional» del proyecto, que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.