El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió en el Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica que busca dotar al organismo de una misión única: preservar el valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional y endurecer la remoción de sus autoridades. Desde el peronismo, advirtieron que estas medidas podrían aislar a la entidad de la economía real y quitar capacidad de maniobra al Estado para atender emergencias.
La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario del inicio formal del debate sobre la reforma a la Carta Orgánica del BCRA. Durante un plenario de cuatro horas de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, el Gobierno nacional, a través del presidente Santiago Bausili y su vicepresidente Vladimir Werning, expuso su visión de «blindar» la institución de las urgencias políticas. Sin embargo, la oposición alertó sobre el riesgo de una independencia que derive en desconexión con la economía real. El oficialismo aspira a firmar dictamen la próxima semana y llevar el proyecto al recinto el miércoles 19.
Este primer intercambio dejó en evidencia un profundo desacuerdo ideológico: mientras el oficialismo sostiene que estas limitaciones al Banco Central son cruciales para terminar con la inflación, la oposición advierte que reducir sus funciones mermará la capacidad del Estado para responder a emergencias económicas y sociales.
Los Pilares de la Reforma Propuesta
La reforma propuesta busca reemplazar la multiplicidad de funciones actuales del Banco Central por un mandato central: preservar el valor de la moneda. Bausili explicó que la propuesta es concentrar los objetivos, a diferencia del esquema actual que, tras la reforma de 2012, asigna responsabilidades sobre la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Un eje clave es la prohibición del financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional. El proyecto elimina los «adelantos transitorios» y explicita que el Central no podrá comprar títulos públicos directamente al Gobierno. «Los adelantos transitorios son emisión monetaria», afirmó Bausili, ironizando que, a pesar de su nombre, esta herramienta surgida tras la crisis de 2001 «fue lo menos transitorio que hubo, fue lo más permanente».
También se restringe drásticamente la distribución de utilidades del Banco Central. Solo se podrán transferir ganancias líquidas y realizadas, y estas deberán destinarse exclusivamente al pago de deuda, nunca a cubrir gastos corrientes del Tesoro. El objetivo declarado es impedir que simples resultados contables se conviertan en recursos disponibles para el fisco, evitando así el uso de «maquillaje contable».
Refuerzo de la Gobernanza y Debates sobre su Alcance
La iniciativa también propone modificar la gobernanza del BCRA, reforzando la estabilidad de sus autoridades. El Gobierno busca que la remoción del presidente y los directores requiera la intervención conjunta del Poder Ejecutivo y del Congreso, mediante una mayoría agravada de dos tercios. Bausili argumentó que esto va más allá de la independencia monetaria, apuntando a la necesidad de «funcionarios adecuados», con objetivos claros y «protegidos de las influencias políticas del momento».
Sin embargo, esta exigencia de una mayoría agravada despertó reparos, incluso entre bloques dialoguistas. La preocupación radica en que un directorio difícil de desplazar, si bien sería independiente del gobierno de turno, podría mantener una orientación monetaria contraria a la de futuras administraciones democráticamente elegidas.
Bausili, por su parte, defendió el modelo, asegurando que «no estamos trayendo ninguna idea revolucionaria ni un experimento», y sostuvo que sus componentes se encuentran en las cartas orgánicas de países que lograron controlar la inflación. Afirmó, además, que el Banco Central ya opera bajo estas restricciones desde hace dos años y medio, «como si este fuera el marco legal vigente».
El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, llevó el debate al plano de la aplicación práctica, sosteniendo que el organismo fue históricamente utilizado para cubrir déficits, financiar vencimientos cuando el Estado no tenía acceso al mercado y trasladar el costo de esas decisiones al peso argentino. «Los perjudicados son las familias argentinas. ¿Quién fue responsable? El Banco Central. ¿Y a quién benefició? Al Tesoro Nacional», sintetizó. Según su exposición, la inflación acumulada entre 2003 y 2023 alcanzó el 50.141%, provocando una transferencia patrimonial equivalente a 550.000 millones de dólares.
El Rechazo del Peronismo: Críticas Punto por Punto
El bloque de Unión por la Patria rechazó enérgicamente tanto la explicación oficial sobre la inflación como el diseño institucional propuesto.
El diputado Itai Hagman recordó que el presidente Javier Milei había pronosticado el fin de la inflación con el corte de la emisión y el déficit fiscal. «Tengo una mala noticia, ya van más de 30 meses. La teoría no funcionó, no se correspondió con la realidad», sentenció, criticando que esta política es insuficiente para «resolver todos los problemas» de una economía en recesión.
Una de las voces más críticas fue la de Julia Strada, quien centró su cuestionamiento en la decisión de «limpiar» los pasivos del BCRA. «¿Quién tomó esa decisión de política monetaria, el presidente de la Argentina o el presidente del Banco Central que se supone que es un ente autónomo?», preguntó. Asimismo, señaló que los actuales funcionarios ya «chocaron la economía» durante la gestión de Mauricio Macri y que la estrategia no ha sido eliminar los pasivos remunerados, sino «licuarlos y después pasarlos al Tesoro».
La legisladora también sostuvo que la reforma busca autorizar por Carta Orgánica la puesta en garantía del oro, sugiriendo que Santiago Bausili «no se animó a firmar el préstamo contra el oro después de la denuncia… y ahora lo quiere por carta orgánica esa autorización» para evitar futuras causas penales. En esa línea, denunció la derogación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que obligaba al Central a dictaminar sobre la sostenibilidad de la deuda, afirmando que los funcionarios buscan evitar que les queden «los dedos marcados» ante nuevas tomas de crédito externo.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz sostuvo que la reforma responde a un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que quitar del mandato del Central los objetivos de empleo y desarrollo puede profundizar la recesión. «Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad», cuestionó.
Sergio Palazzo comparó el proyecto con la Carta Orgánica que sostuvo la convertibilidad y llevó el debate a otro terreno: preguntó dónde están depositadas las reservas de oro del país y si fueron utilizadas como garantía. Bausili evitó revelar su localización, argumentando que los estados financieros auditados prueban que el oro integra las reservas internacionales y que informar sobre la ubicación de los lingotes (si en la sede del Central o en el Banco de Pagos Internacionales) expondría la estrategia del organismo.
Finalmente, el santafesino Agustín Rossi apuntó directamente a la permanencia del directorio. Advirtió que, ante un eventual cambio de gobierno, sus integrantes deberían renunciar por una cuestión de «ética política» si sostienen un modelo económico antagónico al de la nueva administración.
Apoyos de la Oposición Dialoguista y el Oficialismo
La iniciativa cuenta con respaldo significativo entre bloques aliados y sectores dialoguistas del Congreso.
El radical Lisandro Nieri recordó que en 2022 su bloque ya había presentado un proyecto similar para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. «Estamos convencidos de que de las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes», afirmó el mendocino, quien consideró «urgente ponerle un corset a la emisión monetaria» en aquel entonces.
Por su parte, Damián Arabia, exintegrante del PRO y ahora oficialista, calificó la reforma como «trascendental». Sobre el objetivo de preservar el valor de la moneda, observó que «quiere decir que los ingresos de los argentinos, los ahorros, no se nos van a escapar de las manos como agua, como arena; sino que sean los argentinos quienes vuelvan a creer en la moneda».
En tanto, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, defendió el proyecto destacando que «este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los súperpoderes que le vencían en 2025, delegados por la ley bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central».