La iniciativa, conocida como «Ley Hojarasca» e impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca «simplificar» el entramado legal argentino mediante la eliminación de unas 70 normas antiguas que, según el oficialismo, generan burocracia innecesaria y superposición normativa. Elaborada por el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, el proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora espera su tratamiento en el Senado. Entre las leyes propuestas para su derogación, destacan algunas de carácter histórico o con particularidades curiosas que han perdido vigencia.
La denominada «Ley Hojarasca» tiene como objetivo principal derogar decenas de leyes, decretos y regulaciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica en el contexto actual de Argentina. El Gobierno defiende la medida como un paso esencial para modernizar el sistema jurídico y reducir el peso del Estado, liberando recursos y agilizando procesos.
Las normas más emblemáticas en la mira de la derogación
El listado de leyes a ser eliminadas incluye desde disposiciones del siglo XIX hasta normativas más recientes, cada una con su propia historia y razón de ser en el momento de su sanción, pero que hoy se consideran superadas por el avance legislativo y social.
Ley 94: La prohibición de la pena de azotes (1864)
Sancionada durante la presidencia de Bartolomé Mitre, esta ley tuvo como fin prohibir la aplicación de la «pena de azotes» en el territorio argentino. Establecía sanciones para autoridades que ordenaran o ejecutaran castigos físicos contra detenidos o ciudadanos, en un esfuerzo por modernizar el sistema institucional y alinearlo con principios humanitarios. Actualmente, se considera anacrónica y redundante, ya que la prohibición de castigos corporales está plenamente incorporada al sistema constitucional y penal del país.
Ley 448: Premio al descubridor de minas de carbón (1870)
Promulgada bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la Ley 448 ofrecía un premio de 25 mil pesos fuertes a quien descubriera una mina de carbón de piedra en Argentina capaz de competir con el carbón importado. Su espíritu era incentivar la exploración minera y fortalecer la matriz económica nacional. Ha perdido vigencia al quedar desactualizada frente al régimen moderno de minería y energía de Argentina.
Ley 14.800: Construcción y funcionamiento de teatros (1959)
Sancionada durante la presidencia de Arturo Frondizi, esta norma disponía que toda sala teatral demolida debía ser reemplazada por otra de características similares en el mismo inmueble o predio. Surgió para proteger el patrimonio cultural y la actividad teatral frente a la expansión inmobiliaria. Sus disposiciones fueron absorbidas por normativas urbanísticas, de seguridad edilicia y códigos municipales más modernos, tornándola superflua.
Leyes sobre Música Argentina y Televisión en Color: Precisiones necesarias
Originalmente, el proyecto mencionó la Ley 19.787 como «Televisión – Emisiones de Televisión en Color», sin embargo, esta norma, sancionada en 1972 durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, fue en realidad la «Música Argentina – Interés Nacional», que declaraba de interés nacional la difusión y protección de la música argentina.
La ley que efectivamente autorizó las emisiones de televisión en color en Argentina fue la Ley 21.895, sancionada en 1978 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, estableciendo la adopción del sistema PAL-N. Esta última reguló la implementación inicial de la televisión en color, un proceso tecnológico ya consolidado y reemplazado por marcos regulatorios audiovisuales posteriores.
Ley 20.843: El Padrinazgo Presidencial y la leyenda del «lobizón» (1974)
Conocida popularmente como la «ley del lobizón», esta norma, sancionada durante la presidencia de Juan Domingo Perón, estableció el padrinazgo presidencial para los séptimos hijos varones y el madrinazgo para las séptimas hijas mujeres, otorgándoles becas y otros beneficios. Su objetivo era combatir supersticiones que históricamente habían provocado discriminación. Ha perdido vigencia práctica dado que los beneficios materiales asociados fueron absorbidos por regímenes modernos de seguridad social y protección familiar.
Ley 20.802: La creación del «Carné de Mochilero» (1974)
También sancionada durante la presidencia de Juan Domingo Perón, esta ley establecía la obligatoriedad de portar un carnet emitido por autoridades turísticas para quienes viajaran «a dedo» con fines turísticos y elementos de campamento. Además, otorgaba prioridad para acampar en zonas habilitadas. Se considera obsoleta por responder a políticas turísticas y de identificación de otra época, reemplazadas por sistemas generales de documentación y transporte.
Ley 21.145: Franquicias hoteleras para compañías teatrales (1975)
Promulgada durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, esta ley otorgaba beneficios a actores, artistas y técnicos teatrales, incluyendo descuentos del 50% en transportes estatales y tarifas especiales en hoteles dependientes del Estado para facilitar giras. Buscaba promover la actividad teatral federal. Ha perdido vigencia porque su esquema de promoción cultural sectorial fue reemplazado por otros regímenes de subsidios e incentivos más amplios.
Ley 21.159: Capacitación turística para agentes públicos (1975)
Sancionada también durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, esta norma disponía la creación de cursos y programas de formación turística para empleados de la administración pública nacional. Tenía como fin profesionalizar el aparato estatal en materia turística. Hoy, la capacitación de empleados públicos se rige por programas administrativos y educativos generales, sin necesidad de una ley específica.
Ley 27.171: Declaración de la Colombofilia como deporte nacional (2015)
Sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, esta ley declaró a la colombofilia –la cría y competición de palomas mensajeras– como una práctica deportiva nacional, reconociendo a la Federación Colombófila Argentina como autoridad de aplicación. Buscaba dar un marco jurídico formal a esta disciplina. Ha perdido vigencia práctica porque regula una actividad sin impacto relevante en las comunicaciones o el interés público actual.
La polémica y el avance legislativo de la «Ley Hojarasca»
El proyecto ha ganado notoriedad no solo por las curiosas leyes que propone derogar, sino también por la polémica que ha generado. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de modernizar el sistema jurídico y reducir el peso del Estado, sectores opositores y especialistas advierten que algunas derogaciones podrían afectar políticas públicas y marcos regulatorios aún vigentes.
La llamada «Ley Hojarasca» obtuvo media sanción en la Cámara Baja este 20 de mayo de 2026, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Tras la aprobación en Diputados, el expediente fue girado al Senado, donde el oficialismo buscará la sanción definitiva en las próximas semanas para concretar esta ambiciosa simplificación normativa.