
La inflación de abril reflejó una moderación en rubros clave como alimentos y bebidas, combustibles y tarifas reguladas, atenuando la presión sobre el bolsillo de los argentinos. Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en que «lo peor ya pasó» y que se avecinan «los mejores 20 meses», la realidad económica en los próximos meses será crucial para validar esta narrativa, que nuevamente se pone a prueba en un escenario de ajuste.
La apuesta oficial: confirmar la desaceleración
La administración de Javier Milei considera el dato inflacionario de mayo como una carta central para confirmar que el pico de precios ha quedado atrás y que la desaceleración es una tendencia consolidada. Tras el 2,6% registrado en abril, que significó un recorte de 0,8 puntos respecto al mes anterior y cortó diez meses de aumentos por encima del 3%, el Gobierno busca validar su discurso. El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que «lo peor ya pasó» y que se inician «los mejores 20 meses de la economía».
La expectativa oficial cuenta con el respaldo de las proyecciones privadas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estimó la inflación de mayo en 2,3%, lo que, de concretarse, ofrecería un nuevo argumento al Ejecutivo para sostener que «todo marcha de acuerdo al plan». Sin embargo, este alivio convive con salarios aún deprimidos y un peso creciente de los servicios en el ingreso disponible de los hogares argentinos.
Los factores que impulsaron el alivio en abril
El «respiro» de abril se cimentó en varios pilares. El más destacado fue la moderación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 1,5%, significativamente por debajo del índice general. Esta cifra representó una señal concreta para el bolsillo y para la estadística, al ser el componente de mayor incidencia en el consumo cotidiano y el que más afecta a los hogares de menores ingresos. Los primeros datos de mayo indican que esta tendencia de contención se mantiene, pese a persistir incrementos en productos esenciales.
Esta dinámica se reflejó también en las canastas básicas: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una suba del 1,1%, la más baja desde agosto, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) avanzó un 2,5%. Para una familia tipo de cuatro integrantes, esto implicó una necesidad de $1.469.768 para no caer en la pobreza y $665.053 para no ser indigente. El Gobierno celebró particularmente este dato, ya que en meses previos el costo de los alimentos superaba el promedio, agudizando el debate social sobre pobreza e indigencia.
Otro factor decisivo fue la contención de los combustibles. Tras un fuerte incremento en marzo, vinculado al conflicto en Medio Oriente, abril y gran parte de mayo vieron un congelamiento temporal. Empresas como YPF y otras petroleras aplicaron aumentos muy moderados, postergando la traslación al surtidor del componente del Brent. A esto se sumó una actualización mínima, del 0,5%, en los impuestos sobre los combustibles, buscando evitar un nuevo impacto en los precios generales.
La política de precios regulados: alivios y dilemas
Una de las «anclas» que el Gobierno procura utilizar para mayo se relaciona con los precios regulados, es decir, bienes y servicios cuyos valores son fijados o acordados por el Estado, no por el libre mercado. Aquí reside una de las principales tensiones para el Ejecutivo: por un lado, sostiene la necesidad de avanzar con la corrección tarifaria y la reducción de subsidios, pero simultáneamente busca que este proceso no recaliente el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En este contexto, durante mayo se tomaron decisiones para morigerar el impacto en las boletas. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) limitó el aumento mensual del servicio de agua al 3%. En el caso del gas, se elevó al 75% el refuerzo sobre el valor del gas para hogares con subsidio en todo el país. Para la electricidad, se mantuvo la bonificación sobre bloques de consumo específicos y una bonificación complementaria del 10,67%. Además, se decidió postergar hasta noviembre el traslado a tarifas del costo adicional del Gas Natural Licuado (GNL) importado.
En el sector del transporte, se aplicó una estrategia similar. La suba escalonada de los boletos de colectivos de jurisdicción nacional y de trenes urbanos se implementó después de la primera quincena de mayo. Esto busca distribuir el impacto estadístico en dos meses, complementando la contención de los aumentos de combustibles que inciden directamente en los costos del servicio.
Desafíos persistentes: la presión de los servicios y el debate metodológico
A pesar de la moderación general, el índice de abril reveló que los precios regulados continúan ejerciendo una presión considerable, con un aumento del 4,7%, casi el doble del IPC general. Los rubros de Transporte (4,4%), Comunicación (4,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,5%) encabezaron estas subas. Esto indica que, si bien la inflación en góndolas mostró una desaceleración, la presión se mantiene en servicios y gastos esenciales de los hogares.
Un factor a considerar es la postergación por parte del INDEC de la nueva metodología de medición a principios de año, decisión que derivó en la renuncia de Marco Lavagna. Según estimaciones de consultoras privadas, de haberse aplicado esta actualización, el índice de los últimos meses habría sido más elevado, dado el mayor peso que la nueva metodología otorga a los servicios. Así, el acumulado de enero a abril podría rondar el 13,3% en lugar del 12,3% oficial, con un impacto más significativo en abril al reducir el peso de los alimentos básicos y elevar el de las tarifas.
Este desequilibrio es un punto delicado: mientras la inflación global muestra signos de desaceleración, el alivio no se distribuye de manera uniforme. Los bienes se enfrían más rápido debido a una demanda que no convalida incrementos, pero los servicios continúan absorbiendo una porción creciente del ingreso. Esta reconfiguración del gasto limita el margen salarial para el consumo masivo, indumentaria, bienes durables y ocio, sectores que permanecen estancados.
Mayo, un mes bisagra con grandes desafíos por delante
El Gobierno vislumbra a mayo como un mes bisagra para su plan económico. Si el IPC cede nuevamente y se alinea con las proyecciones del REM, la Casa Rosada reforzará su argumento de que el repunte de marzo fue un evento aislado en una tendencia descendente. Esta mejora, además, permitiría a Luis Caputo vincularla con una incipiente reactivación económica, destacando la aparición de «números en verde» en sectores como la industria y la construcción, según las últimas mediciones del INDEC.
No obstante, el panorama general presenta desafíos ineludibles. La inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año ya superó las proyecciones del propio Gobierno para todo 2026 en el Presupuesto. Si bien las consultoras prevén un mayo más tranquilo, también anticipan que el índice se mantendrá por encima del 2% mensual durante varios meses.
A esto se suma la «parte más incómoda» de la discusión tarifaria. La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió en la Cámara de Diputados una reforma del esquema energético que incluye la eliminación del régimen de Zona Fría y un mecanismo de alivio para las distribuidoras eléctricas endeudadas con Cammesa. Estas son discusiones técnicas con un potencial impacto directo en las facturas de los consumidores que, más temprano o más tarde, pasarán a cobro.
