La reciente exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura para reformar el reglamento de selección de postulantes a jueces ha vuelto a encender el debate sobre la configuración de la Justicia Federal. Esta decisión, que busca priorizar el mérito y la transparencia, desnudó profundos conflictos entre los estamentos que componen el organismo y reaviva la histórica tensión entre los factores políticos y los intereses de la sociedad en la designación de magistrados.
El nudo gordiano de la Justicia Federal
La iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impulsa al Consejo de la Magistratura a modificar el reglamento de selección de jueces, ha destapado una serie de disputas internas y expuesto las tensiones que atraviesan tanto al Consejo como al propio máximo tribunal. Lejos de ser un mero trámite administrativo, este proceso es crucial para la configuración de la Justicia Federal y la elección de quienes la integrarán, dada la historia de controversias que rodea al órgano encargado de evaluar a los aspirantes a magistrados.
Origen y evolución del Consejo de la Magistratura
La reforma constitucional de 1994 marcó un hito en la designación de jueces en Argentina al incorporar el sistema del Consejo de la Magistratura de la Nación. Este cambio buscaba transparentar y despolitizar el acceso a la judicatura, reemplazando un modelo donde el Poder Ejecutivo proponía y el Senado acordaba sin mecanismos de evaluación claros. El Consejo fue concebido como un órgano intermedio que realizaría concursos públicos de antecedentes y oposición, elaboraría ternas vinculantes y las elevaría al Ejecutivo. La intención era reducir la discrecionalidad política e introducir criterios objetivos de mérito e idoneidad, garantizando mayor transparencia y control social. Su diseño original procuraba equilibrar la representación de jueces, abogados, académicos y políticos para evitar la concentración del poder de designación.
Tensiones históricas y la intervención de la Corte en 2021
A pesar de sus objetivos fundacionales, la implementación del Consejo de la Magistratura sufrió demoras y su funcionamiento ha sido un constante foco de debate, especialmente en torno al equilibrio entre los criterios técnicos y los factores políticos. Esta tensión derivó en sucesivas reformas y modificaciones de su integración. Un hito fundamental fue la decisión de la Corte Suprema en diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la ley de 2006 (que reducía los miembros a 13) y restauró la ley 24.937 de 1997, elevando el número de integrantes a 20. Esta medida reestableció la composición original con el presidente de la Corte Suprema presidiendo el organismo, cuatro representantes del Poder Judicial, cuatro del Senado, cuatro de Diputados, cuatro abogados, uno del Poder Ejecutivo y dos académicos. El fallo de 2021, que implicó la asunción de Horacio Rosatti como presidente del Consejo, modificó sustancialmente la correlación de fuerzas, diluyendo la preeminencia política que permitía un poder de veto al oficialismo en la selección y sanción de magistrados.
La visión de Rosatti: consensos pendientes desde el ’94
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994, ya había advertido sobre las debilidades del diseño institucional. En una entrevista con El Litoral, reflexionó sobre por qué la integración y el funcionamiento del Consejo no fueron reglamentados en la misma asamblea constituyente. «Hasta ahí llegó el consenso. Lo derivamos a una ley. Muchas cosas llegaron hasta ahí; si queríamos profundizar más, ya no había acuerdo y se podía caer toda la figura», explicó Rosatti, el jurista santafesino. Criticó, además, que «los legisladores en muchos casos no estuvieron a la altura, porque no reglamentaron, porque tardaron mucho en reglamentar o porque reglamentaron con un espíritu que era distinto al de la Constitución».
La nueva propuesta de la Corte y el foco de la polémica
En el actual contexto de vacantes acumuladas en la Justicia Federal y demoras en la remisión de pliegos al Senado, la Corte Suprema de Justicia volvió a intervenir para intentar reordenar el proceso. Con el objetivo de reforzar el mérito, la idoneidad y la transparencia, y reducir la discrecionalidad, el máximo tribunal aprobó un «Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados» y lo envió al Plenario del Consejo para su debate y eventual sanción. Sin embargo, esta iniciativa no estuvo exenta de controversia. Fue impulsada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que generó suspicacias al no contar con la firma inicial de Rosatti, presidente del cuerpo. Además, la discusión se vio teñida por el hecho de que el pliego del hijo de uno de los magistrados proponentes fue incluido en las remesas de candidatos a jueces recientemente impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
El peso de la entrevista personal y el debate sobre la meritocracia
Si bien el presidente Rosatti finalmente acompañó el proyecto de la Corte, el debate en el Consejo de la Magistratura ha sido todo menos pacífico. Mientras algunos consejeros, como los abogados, abogan por una aprobación rápida, otros, incluyendo el representante del Ejecutivo y académicos, demandan un análisis más exhaustivo que contemple otras propuestas y las condiciones políticas actuales. Uno de los puntos de mayor fricción es el rol de la entrevista personal en los concursos. Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación y representante de los jueces, se opuso a reducir el peso de esta instancia, en contraste con el espíritu del proyecto de la Corte que busca priorizar criterios objetivos y escritos. Lugones defendió la entrevista como el único contacto directo con el postulante, esencial para conocer al «ser humano detrás del expediente», y desafió la noción de «meritocracia absoluta». En un comentario que encendió la polémica, cuestionó a los medios que se sorprenden cuando un candidato sube puestos tras la entrevista, remarcando: «Como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país».
La elección de jueces, clave para la República
La controversia en torno al reglamento de selección de magistrados se desarrolla en un escenario donde el Poder Judicial está bajo la lupa, tanto por casos resonantes que cuestionan la actuación de sus miembros como por la constante interconexión de intereses con el poder. Con miradas tan disidentes sobre la mesa, la elección de los jueces trasciende la mera distribución de cargos, como ya advirtieron los convencionales de 1994. En un país donde persiste la resistencia a los controles sobre el accionar viciado o abusivo de ciertos sectores, la configuración de la Justicia Federal y el proceso de selección de sus integrantes se erigen como un factor determinante para la salud institucional de la República.