El gobierno de Santa Fe, a través del gobernador Maximiliano Pullaro, y el Poder Judicial de Rosario se comprometieron a trabajar de manera conjunta y coordinada para fortalecer la lucha contra el delito y las organizaciones criminales en la provincia. El encuentro clave, que tuvo lugar en la sede gubernamental de la ciudad del sur, contó también con la participación del intendente Pablo Javkin, buscando afianzar el vínculo y unificar criterios de acción.
Encuentro por la seguridad en Rosario
La reunión principal fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, liderados por su titular, Gustavo Salvador. El objetivo central fue «afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales», según informó el gobierno provincial a través de sus redes sociales. Pullaro estuvo acompañado por los ministros Pablo Cococcioni y Julián Galdeano. La tónica general de la reunión giró en torno a la preocupación compartida por defender e implementar la política de seguridad en la provincia.
Compromiso conjunto para enfrentar el delito
Desde el Ejecutivo provincial, se enfatizó la necesidad de una labor mancomunada. «En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto. Es mucho lo que logramos en poco más de dos años, pero tenemos que seguir incansablemente, todos los días, dando la pelea para que el delito y la violencia sigan disminuyendo», expresó el gobernador Pullaro en sus plataformas digitales. Esta postura subraya la relevancia de una estrategia integral y persistente en el combate a la criminalidad.
La visión de la Cámara Penal sobre el microtráfico
Gustavo Salvador, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, calificó el encuentro como «muy positivo, de gran madurez institucional» en diálogo con El Litoral. El representante judicial detalló que tanto el gobierno como el intendente Javkin expusieron su preocupación por la problemática del microtráfico de drogas y las derivaciones que esta tiene en el territorio, afectando tanto a la justicia provincial como federal. Los jueces, por su parte, expusieron sus puntos de vista. Ambas partes acordaron continuar trabajando en la posibilidad de una mayor interacción con la justicia federal, replicando el modelo de colaboración existente entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público Fiscal Federal. «Por qué no una tarea conjunta entre las judicaturas para coordinar la tramitación que puede resultar importante a los fines operativos», añadió Salvador. Por su parte, el intendente Pablo Javkin también destacó «mucha voluntad de trabajar en conjunto».
Antecedentes: la polémica por la competencia en narcomenudeo
Este encuentro se produce una semana después de que el gobernador Pullaro recibiera a la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. Este último había cuestionado públicamente los fallos de algunos jueces que declararon la incompetencia provincial en causas de microtráfico (narcomenudeo), derivándolas a la justicia federal. Merlo advirtió entonces en declaraciones radiales que estas decisiones podrían provocar «más homicidios y balaceras» y que los magistrados deberían «hacerse cargo» de las consecuencias. Estas apreciaciones motivaron un pronunciamiento por escrito de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, un hecho considerado inédito en la historia institucional de la zona.
Respuesta institucional de la Cámara de Apelaciones
Los catorce integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario emitieron un duro comunicado institucional donde calificaron los dichos de Merlo como «desajustados y agraviantes». Allí consideraron que las expresiones del fiscal constituían un intento de presión para que los jueces se apartaran de la ley bajo la amenaza de la «responsabilidad social» por la violencia. El tribunal precisó en su comunicado que, de 358 recursos vinculados al microtráfico recibidos entre 2024 y 2026, solo en 7 casos se declaró la incompetencia provincial, siempre siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando las causas exceden el narcomenudeo simple. Además, los jueces confirmaron que elevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a la Legislatura para que se analice la conducta funcional del fiscal regional.