La provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Seguridad, liquidó más de 152 millones de pesos a la empresa de transporte Laguna Paiva por el traslado de unos setenta agentes penitenciarios. Este servicio, que partía desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad capital hasta la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, se prestó por la ampliación de la cobertura y la necesidad de suplir la falta de personal que reside en el sur del territorio santafesino, abarcando el período entre julio y diciembre de 2025.
Detalles del pago millonario
Según consta en el Decreto N° 348 del Poder Ejecutivo provincial, la liquidación asciende a 152.750.122 pesos. Este monto reconoce la prestación de la empresa Laguna Paiva por la ampliación del servicio de traslado de personal del Servicio Penitenciario, desde la ciudad de Santa Fe con destino a la cárcel de Piñero. El servicio se realizaba de manera diaria, ida y vuelta, para unos 70 pasajeros, a partir del pasado 7 de julio. El mismo decreto aclara que la empresa «ha prestado el servicio por fuera del contrato (a raíz de la ampliación mencionada), a satisfacción de la Administración», si bien «la contraprestación dineraria no había sido efectuada» hasta la emisión de este acto administrativo.
La problemática del personal penitenciario
Este acto administrativo pone de manifiesto una de las recurrentes problemáticas que atraviesa el personal del Servicio Penitenciario, y también de las fuerzas policiales en Santa Fe: la dificultad para reunir trabajadores que residan, esencialmente, en el sur de la provincia. La gran mayoría de los agentes son oriundos de localidades del centro o del norte del territorio santafesino, lo que genera una brecha geográfica significativa con los lugares de destino.
Esta situación obliga a que, a diario, los agentes con funciones asignadas en el sur deban recorrer extensos trayectos hasta llegar a sus puestos de trabajo. El impacto no es solo económico para el Estado, que debe garantizar el traslado, sino también físico para el personal, afectando directamente sus horas de descanso y bienestar.
Reclamos y respuestas oficiales
La complejidad de esta situación fue uno de los ejes de las demandas planteadas durante la protesta policial que tuvo lugar a principios de febrero, principalmente en la ciudad de Rosario. A la problemática histórica y creciente en la institución, se sumó la asignación de una de las últimas camadas de cadetes formados en la gestión anterior a puestos en el sur provincial. Estos agentes habían egresado con el compromiso de un pronto retorno a sus lugares de origen, algo que finalmente no se concretó.
Ante este escenario, parte de las mejoras anunciadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para desactivar el conflicto incluyeron medidas para aliviar esta problemática. Por un lado, se garantizó el alojamiento en hoteles, siguiendo el modelo aplicado a los efectivos federales que prestan servicio en la provincia. Por otro, se anunció el desarrollo de un programa destinado a facilitar el alquiler de viviendas para aquellos agentes o efectivos penitenciarios que decidan mudarse y establecer su residencia en la localidad donde tienen asignado su puesto de trabajo.