El Gobierno nacional retiró este martes el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso de la Nación. La iniciativa, que proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años e incluía cambios sustanciales en su esquema de financiamiento, fue objeto de controversia inmediata y motivó su precipitado retiro.
La Retirada del Proyecto y el Motivo Central
El Ejecutivo tomó la decisión de solicitar el retiro de la propuesta en la mañana del martes, luego de que el texto ingresara formalmente el lunes por la tarde. La razón central de esta drástica medida radica en el quiebre de un consenso previo con los partidos aliados: mientras el oficialismo incluyó en el dictamen remitido la fijación de la edad de imputabilidad en 13 años, el acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas preveía mantenerla en 14, tal como se había establecido en un texto con dictamen de mayo de 2025.
La Edad de Imputabilidad: El Punto de Conflicto
La propuesta del Gobierno remitida el lunes establecía un régimen penal juvenil aplicable a personas desde los 13 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, para casos de delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. Este umbral de 13 años, que implicaba una reducción de la edad mínima punible desde los actuales 16 años, representó el corazón político del texto y, simultáneamente, su principal obstáculo.
Los bloques dialoguistas, cruciales para la aprobación de la reforma, ya habían anticipado al oficialismo que acompañarían una baja de 16 a 14 años, pero no a 13. Esta misma tensión fue la que atravesó el debate previo: en mayo de 2025, se había logrado un dictamen de comisiones que incluía un umbral de 14 años, pero aquella iniciativa nunca llegó al recinto y, con la renovación parlamentaria, perdió estado parlamentario.
El Nuevo Esquema de Financiamiento
A pesar de la polémica por la edad, el proyecto retirado presentaba una novedad significativa en su articulado referida al financiamiento. A diferencia de versiones previas, que dejaban el soporte económico librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete y se apoyaban en fórmulas generales de readecuación de partidas, esta propuesta incluía la asignación de fondos específicos para la efectiva implementación de la ley.
El artículo 51 del proyecto destinaba un monto total de $ 23.739.155.303,08, desglosado entre el Ministerio de Justicia ($ 3.131.996.784,28) y la Defensoría General de la Nación ($ 20.607.158.518,80). Este esquema buscaba evitar cuestionamientos pasados, incluso por parte de la propia Casa Rosada, y garantizar que la ley no terminara siendo «letra muerta» por falta de recursos.